En un fallo que sienta precedente luego de alud que arrasó la localidad de Tartagal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este jueves que el Gobierno de Salta suspenda el otorgamiento de las autorizaciones para el desmonte de bosques. En el fallo, los magistrados consideraron que "la tala de aproximadamente un millón de hectáreas tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar".
El dictamen del Máximo Tribunal surgió a raíz de una denuncia realizada el año pasado por integrantes de la comunidad Wichi para frenar la tala de bosques en varios departamentos de la provincia.
"Se ha demostrado claramente que se otorgaron autorizaciones para la tala y desmonte tomando en consideración el impacto ambiental de cada una de ellas, pero no se ha efectuado ningún estudio relativo al efecto acumulativo de todas las autorizaciones”, remarca el texto.
Los magistrados subrayaron además que “la tala y desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar y que, en palabras expresadas por el representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en la audiencia pública del día 18 de febrero del corriente año, seguramente será negativo".
De todas maneras, la suspensión regirá hasta que el gobierno provincial y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional no realicen un estudio conjunto de impacto acumulativo.
La Corte se hizo eco también de uno de los mayores reclamos de los wichies al impulsar “una amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada".
Para los jueces de existe en Salta una "situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los
actuales habitantes, sino a las generaciones futuras".
En ese sentido, alertaron que "no se cumple con la ley" si el Gobierno sigue concediendo autorizaciones para la tala de bosques "sin conocer el efecto".
*FUENTE: Crítica de la Argentina – 27/03/2009
El dictamen del Máximo Tribunal surgió a raíz de una denuncia realizada el año pasado por integrantes de la comunidad Wichi para frenar la tala de bosques en varios departamentos de la provincia.
"Se ha demostrado claramente que se otorgaron autorizaciones para la tala y desmonte tomando en consideración el impacto ambiental de cada una de ellas, pero no se ha efectuado ningún estudio relativo al efecto acumulativo de todas las autorizaciones”, remarca el texto.
Los magistrados subrayaron además que “la tala y desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar y que, en palabras expresadas por el representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en la audiencia pública del día 18 de febrero del corriente año, seguramente será negativo".
De todas maneras, la suspensión regirá hasta que el gobierno provincial y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional no realicen un estudio conjunto de impacto acumulativo.
La Corte se hizo eco también de uno de los mayores reclamos de los wichies al impulsar “una amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada".
Para los jueces de existe en Salta una "situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los
actuales habitantes, sino a las generaciones futuras".
En ese sentido, alertaron que "no se cumple con la ley" si el Gobierno sigue concediendo autorizaciones para la tala de bosques "sin conocer el efecto".
*FUENTE: Crítica de la Argentina – 27/03/2009